La receta de la prosperidad, simplificada, es la siguiente: en el plano político, democracia; en el plano institucional, el Estado de derecho; y en el plano económico, la libre competencia en mercados abiertos. En ningún país del mundo hay una democracia perfecta, un Estado de derecho perfecto o un mercado perfecto. Son, cada uno, modelos ideales a seguir que, a la perfección, nunca se alcanzan. Sin embargo, ahí donde la combinación de esos tres pilares del desarrollo es menos imperfecta, se consiguen, por lo general, los mayores niveles de prosperidad.
No se consiguen por igual para todos al mismo tiempo, pero sí por lo general y la mayor parte del tiempo. Y esto es particularmente problemático porque, cuando unos mejoran de condición más rápido y en mayor medida que otros, los menos favorecidos se consideran “injustamente” tratados. Y, desafortunadamente, es inevitable que esta situación se presente, por lo menos, en el medio plazo.
Así se pudo apreciar en casi todos los países del mundo en que, después del llamado “Consenso de Washington”, a finales de los ochentas, se abrieron los mercados que estaban en manos de monopolios estatales y se removieron barreras al comercio internacional y al libre flujo de capitales. Después de alrededor de una década, casi todas las economías que se abrieron a mercados competitivos habían crecido más que en la década precedente, pero no toda su población había cosechado los beneficios de ese crecimiento en la misma medida, habiendo crecido en varios países la desigualdad (https://repositorio.cepal.org/items/15fef7c0-c3f7-4b4a-82cf-3ba9b84a2e8d).
El hecho de que la desigualdad haya crecido no significa, necesariamente, que un segmento de la población significativo haya empeorado, sino que mejoraron menos que otros segmentos. Además, en muchos países de la región latinoamericana la apertura de mercados no estuvo acompañada de las reformas institucionales necesarias del lado del Estado de derecho y sus democracias tampoco se fortalecieron en la misma proporción. Sobre este tema de la desigualdad mucho se ha escrito y el debate continúa (https://estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/273/344).
El punto que quisiera enfatizar es que, independientemente de cuánta desigualdad social realmente se genere en la etapa siguiente a la apertura de los mercados y la implantación de regímenes competitivos en áreas previamente colocadas en manos de monopolios estatales, los incentivos políticos para truncar el proceso son muy altos. Son casi irresistibles.
Guatemala enfrenta desafíos sociales enormes. N siquiera hace falta listarlos. Y para enfrentarlos necesita de una economía muy dinámica. Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, en 1996, se pensó en un promedio anual del 6%. Desde entonces, el promedio ha estado muy por debajo. Eso, en mi opinión, se ha debido, principalmente, a los factores siguientes: primero, nunca se completó el pilar económico; el pilar del Estado de derecho ni siquiera comenzó a edificarse y el pilar de la democracia se ha sometido a las pruebas más extremas.
Este es un momento peculiar para la vida política del país. El establishment político del último cuarto de siglo ha sido responsable de haber truncado la apertura de la economía del país. De hecho, el gobierno del FRG intentó revocar la privatización de las telecomunicaciones, afortunadamente, infructuosamente. Los puertos y aeropuertos, cuya concesión en términos competitivos se había considerado, se fueron dejando en manos de líderes sindicales ignorantes y ambiciosos que supieron extraer de ese establishment político las más jugosas rentas. El modelo de la Autopista Palín-Escuintla no solamente nunca se reprodujo en otras rutas congestionadas, sino que ese mismo establishment político le dio el tiro de gracia hace poco.
El Estado de derecho nunca comenzó a edificarse porque el lubricante del establishment fue la corrupción y, para lograr impunidad, era indispensable reducir la legalidad a una mera apariencia. Es verdad que el “experimento CICIG” fue una suerte de paréntesis no planificado que, cuando comenzó a ser verdaderamente problemático para el establishment político, también fue clausurado.
El pilar de la democracia era, paradójicamente, el más sólido de los tres. Pero no era indestructible. El establishment político empleó todo tipo de mecanismos para debilitarlo. Cada modificación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos llevaba un dado cargado o más… Poco a poco se fue debilitando al Tribunal Supremo Electoral y su independencia se fue comprometiendo. Y así, tras un imponderable del destino, después de que el establishment político intentara manipular el último proceso electoral para asegurar algún resultado “manejable”, las cosas salieron de otro modo.
Y eso hace toda la diferencia.
Guatemala pudiera estar a las puertas de empezar a edificar esos tres pilares de la prosperidad. Pero ¿y la desigualdad? ¿No es la igualdad social uno de los aspectos ideológicos fundamentales del partido Movimiento Semilla?
No es mi lugar responder a esa pregunta, pero, suponiendo que así fuera, es muy importante intentar aclarar dos cosas. La primera es que, como Friedrich Hayek, uno de los gigantes de la Escuela Austríaca de Economía, explicó con toda claridad, el orden espontaneo del mercado no se altera cuando el Estado organiza mecanismos de solidaridad social para garantizar un mínimo vital a quienes, dentro del marco del mercado, no son capaces de auto proveerse de ese nivel básico de subsistencia. Eso no significa que la organización de dichos mecanismos no tenga consecuencias económicas, porque los recursos correspondientes tienen que salir de alguna mezcla de impuestos y deuda pública. La segunda es que los gobernantes electos cuentan con el mandato popular necesario para articular ese tipo de política social.
Si, al lado de esos esfuerzos, es decir, de la articulación de mecanismos de solidaridad social, sin cerrar mercados ni crear monopolios estatales, se iniciara la edificación del Estado de derecho y se rescatara la institucionalidad democrática, Guatemala podría, verdaderamente, despegar.
Eduardo Mayora Alvarado.
4 de enero de 2024.
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