En medio de crecientes y alarmantes señales de violencia, incluso homicida, se ha producido la renuncia del ministro de gobernación Barrientos Girón. A no dudarlo, enfrentó la crisis política más álgida desde las manifestaciones exigiendo la renuncia del expresidente Pérez Molina et al, y lo mismo le espera a su sucesor.
Sigo siendo de opinión que, ante la gravedad de las circunstancias, la Corte de Constitucionalidad debía haber pronunciado, desde un principio, directrices mucho más específicas, e incluso, ordenar al Ministerio de Gobernación (MINGOB) la emisión y publicación de un protocolo de seguridad, orden y circulación restringida en caso de manifestaciones por carreteras y vías públicas.
No es demasiado tarde para desarrollar algún instrumento de ese tipo. Es mucho peor para el Gobierno, los manifestantes y la población en general tener que “definir las fronteras de sus derechos” a la fuerza.
El punto central, que se ha repetido por muchos de las más diversas maneras, es que ningún derecho o libertad fundamental son absolutos. Una persona puede disponer de sus bienes, pero con ciertas limitaciones. No puede, por ejemplo, quemar sustancias que despidan gases tóxicos para sus vecinos o escuchar sus altavoces a niveles que estén por encima de los decibeles permitidos por la ley. Una persona puede disponer de su capital financiero, pero no para financiar actividades ilícitas. En fin, el ejercicio de todos los derechos y el goce de todas las libertades en una sociedad moderna están sujetos a ciertos límites.
En las actuales circunstancias, algunas de las manifestaciones pacíficas en carreteras y vías públicas han rebasado esos límites. En parte, porque los órganos del Estado competentes para establecerlos con sentido de ecuanimidad no lo han hecho con la especificidad y claridad necesarias.
Algunos afirman que unas manifestaciones pacíficas que pasen por desapercibidas, de nada sirven. Que a los ciudadanos apáticos hay que despertarlos y, sin un bloqueo o cosas parecidas, eso es imposible. Quienes así piensan se equivocan. Ni es necesario ni es justo privar totalmente a una persona de sus derechos para que sea consciente de un conjunto de circunstancias que debieran interesarle, porque, como suele decirse: “viaja en la misma barca”. Una manifestación puede realizarse con suficiente impacto sin impedir totalmente el tránsito por una carretera.
Otro aspecto que los organizadores de las manifestaciones públicas deben tener en consideración es que su propia legitimidad, credibilidad y buena voluntad quedan en tela de juicio cuando pretenden que sus derechos de reunión y manifestación pacíficas sean absolutos. Igualmente, cuando los poderes públicos restringen excesivamente el derecho a manifestar públicamente, intentando “tapar el sol con un dedo”, pierden credibilidad y más bien consiguen enardecer el clamor popular.
Soy consciente de que en todo esto hay mayores riesgos para la preservación de una sociedad libre, democrática y abierta, restringiendo la libertad de manifestar pública y pacíficamente. Pero, en las actuales circunstancias, son más bien algunas extralimitaciones las que ponen en peligro el respaldo ciudadano y su disposición a defender estos derechos tan fundamentales.
Pero la responsabilidad principal de determinar unos límites ecuánimes y de promulgarlos con claridad y especificidad sigue siendo de los poderes públicos, del Gobierno. En su defecto, no queda más que exhortar a los manifestantes a que sepan reconocer y respetar los derechos de sus conciudadanos en una medida razonable y justa.
Eduardo Mayora Alvarado
Guatemala, 17 de octubre de 2023
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