Pienso, recordando a uno de mis mentores, el doctor Rigoberto Juárez-Paz, en una idea suya que, según me parece, es de una enorme potencia persuasiva. La expresó de diversas maneras, pero creo que esta formulación es una de las más interesantes: “… no menos grave es el error de creer que la eficacia de nuestras acciones depende de la calidad de nuestras intenciones…” (Tópicos de Actualidad, 987).
En relación con el problema de la vacunación masiva contra el Covid-19 existe el riesgo de incurrir en ese grave error, es decir, en creer que la eficacia del proceso depende de las buenas intenciones —que aquí no pongo en duda— de los responsables de llevarlo a buen puerto.
En ese orden de ideas, uno puede preguntarse cómo es posible que millones de personas —literalmente hablando—acudan por lo menos una vez por mes a alguna farmacia a comprar un medicamento con seguridad, comodidad y en circunstancias higiénicas y, sin embargo, para ponerse alguna de las vacunas disponibles contra el Covid-19 deban hacer colas a pie o en automóvil que duren horas y que supongan altos costes en tiempo e inseguridad para ellos.
Comprendo que no es fácil estructurar procesos de licitación pública con las principales cadenas de farmacias y de centros de salud privados en el país, pero estimo que, en el marco de esta emergencia de salud, el Congreso de la República pudiera aprobar un marco jurídico ad hoc para que el proceso fuera lo más sencillo posible y que, siguiendo el ejemplo de medidas como ésta empleados en otros países, se usaran los mismos canales de distribución de medicamentos para hacer llegar a las farmacias y centros de salud y hospitales de todo el país las vacunas necesarias para que la población pueda acudir a esos lugares a vacunarse sin aglomeraciones ni incomodidades.
El hecho de recurrir a este tipo de opciones no significa que, necesariamente, deban descartarse los mecanismos hoy en funcionamiento. Lo importante es que las opciones se amplíen. Es verdad que acudir al uso de la red de farmacias y de centros de salud tendría algunos costes. Es verdad que a esos costes tuviera que añadirse el de los servicios de los distribuidores; sin embargo, son costes menores que los de las horas de colas e inconvenientes que hoy deben asumir quienes acuden a vacunarse.
Así, pienso que las opciones aquí planteadas pudieran ser voluntarias. Es decir, cada persona podría elegir entre pagar los costes de ir a la farmacia de su preferencia a recibir la vacuna o asumir los costes de hacer cola en los centros de vacunación hoy en día disponibles.
El coste más alto, en cualquier caso, es el de no vacunarse y, según creo, más todavía, el de que no se llegue a esa masa crítica de vacunados que tenga un efecto colectivo de disminución de los contagios. Cada vez que se aprueban restricciones para enfrentar las sucesivas olas de incremento de contagios, los costes son enormes, independientemente de las buenas intenciones de los responsables de gestionar la presente situación de pandemia.
En cualquier caso, no creo que, tratándose de millones de dosis, el coste unitario para cada persona de que la vacuna —costeada por el Estado o por los donantes—le fuera administrada en una farmacia o centro de salud privado fuera alto o, por lo menos, más alto que el de hacer una larga cola desde
tempranas horas de la madrugada. Pero, el punto principal es de darle al ciudadano la posibilidad de que sea él quien lo decida.
Eduardo Mayora Alvarado
Ciudad de Guatemala 15 de agosto de 2021.
Sé el primero en comentar