Una de las justificaciones de los sistemas de seguridad social obligatorios es que, voluntariamente, no se lograría una masa crítica de contribuyentes necesaria para que, por así decirlo, el sistema cubra a la mayor parte del conglomerado social. Otra es que, muchos de los que voluntariamente contribuirían a algún plan de seguridad social, lo harían por cantidades insuficientes para hacer frente a los riesgos básicos que debieran cubrirse. De ahí que deba ser obligatorio.
Independientemente de esta falta de fe en la prudencia media de los seres humanos, diferente es la cuestión de quién deba ser el administrador del sistema. Algunos justifican la existencia de una institución monopólica, como el IGSS, porque la seguridad social está basada en eso que suele llamarse “grandes números” para la dilución de los riesgos. Así, mientras más se diluyan los riesgos, menores son las probabilidades de que se presente una situación catastrófica. Otra de las razones es que, desde un punto de vista macroeconómico, las inversiones de las reservas técnicas de programas como el de pensiones, o de invalidez, deben poder alinearse con las políticas monetaria y fiscal del Estado.
Ahora bien, a casi setenta y cinco años de vida del sistema guatemalteco, antes de la pandemia la porción de afiliados al IGSS rondaba el 15% de la población económicamente activa y, después de la pandemia, con la pérdida de unos 120 mil empleos formales, según ha informado este diario (PL 17-10-20), la porción desciende a alrededor de un 13%. Como las estadísticas aquí son materia de opinión, concedamos que pudiera ser un poco más, pero, de cualquier manera, este dato es demasiado importante como para soslayarlo.
Obviamente, el hecho de que el salario mínimo se fije, año con año, por encima de lo que, en realidad, puede cubrir la media de empleadores en este país, crea una hemorragia imparable de empleos que pasan a la economía informal. El salario mínimo se fija así simple y sencillamente porque la mayoría de los trabajadores informales no están organizados, mientras que una minoría (de la minoría de trabajadores formales) sí lo están. Lo suficientemente como para que los políticos se estimen compelidos a ceder ante sus exigencias.
Si el sistema de seguridad social fuera tenido como un beneficio neto, apreciado por la generalidad de los trabajadores, es obvio que los informales también se organizarían para impedir que el salario mínimo los deje fuera del sistema. Dicho de otra forma, si la mayoría de los trabajadores informales percibieran que, por encima de sus contribuciones y de las de sus empleadores, para ellos sería un beneficio neto formar parte del sistema de seguridad social, incurrirían en los costes de organizarse para exigir a los políticos fijar el salario mínimo a un nivel que no los excluya de dicho beneficio. De esa manera, los sindicatos seguirían presionando por salarios mínimos cada vez más altos, pero la media de los trabajadores informales haría oposición, para poder entrar en la formalidad, contribuir al IGSS y gozar de sus beneficios. Pero no es así.
También esta semana este diario informaba (PL 19-X-20) que la cobertura del IGSS no se percibe como valiosa, sino más bien como un perjuicio neto. Las quejas por la mala atención de los pacientes, las constantes denuncias de corrupción, su ineficiencia administrativa y el poco valor añadido para el usuario, explican esa percepción. Si el modelo de gestión de la seguridad no cambia, de modo que esa percepción no sea negativa, la lucha por ir saliendo de la informalidad económica ya está perdida. Únicamente con el respaldo político de la media de los trabajadores informales sería posible dejar de fijar salarios mínimos carentes de realismo y, con un IGSS percibido como un perjuicio neto, nunca se tendrá ese apoyo.
Eduardo Mayora Alvarado.
Ciudad de Guatemala, 17 de octubre de 2020.
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