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No queda santo parado.

Sin políticos que dediquen su vida a proponer soluciones serias, dentro del marco de su ideología, y sin servidores públicos profesionales y rectos, nunca va a reconquistarse esa credibilidad por la que el ciudadano clama al cielo.

 

Una de las visiones de por qué la sociedad y el Estado guatemaltecos han llegado a este punto, es decir, a las fronteras del fracaso, es la que aquí he de llamar “la teoría del abuso”.

La teoría del abuso sostiene que, con algunas honrosas excepciones, los grandes empresarios, sus organizaciones gremiales y los empresarios que se organizan para suministrarles bienes o servicios –la mediana y pequeña empresa—han abusado de la debilidad de las instituciones públicas para hacerse de una serie de ventajas y privilegios.

Dichas ventajas y privilegios abarcan los más diversos aspectos, según sean las necesidades de los empresarios abusivos –según esta teoría.  Los importadores consiguen DAI bajos; los exportadores consiguen exenciones, subvenciones o proteccionismo; todos consiguen condiciones laborales que los libren de los sindicatos y la contratación colectiva, etcétera.

Por último, los empresarios abusivos casi no pagan impuestos, pero aprovechan las infraestructuras estatales y municipales, los servicios públicos y el régimen jurídico-político que manipulan a su sabor y antojo.  Todo lo anterior, cortesía de la clase media que, de acuerdo con esta teoría, es la única que paga impuestos.

¿Cómo es que consigue tantas ventajas y privilegios el conglomerado empresarial, sin contar con los votos necesarios? Según esta teoría, son dos los mecanismos, a saber: las financiaciones electorales ilícitas, por un lado, y la corrupción de la burocracia, por el otro.  Es decir, los partidos reciben fondos para sus campañas, eventualmente alguno llega al poder y, ya en el poder, adopta las políticas, promueve las leyes y toma las medidas que sus financistas hayan “adquirido”.

La pregunta clave es: ¿es esta teoría del abuso verdadera? Me parece que, en parte, sí lo es.  Hay, sin embargo, otra cara de la moneda.  Del total del sector productivo de la economía, hay un sub-conjunto de empresarios que han desarrollado sus negocios y han tenido éxito en un ambiente competitivo.  No solamente quienes compiten en el mercado interno, sino que algunos que también compiten en otros mercados.  Entre estos empresarios hay un buen número que, además, cumple con sus obligaciones tributarias y laborales.

Soy de opinión que, la clave del problema está en esa “debilidad de las instituciones públicas”.  Al percibirse tan ineficaces, carecen de suficiente credibilidad.  Muchos de los ciudadanos y de sus organizaciones no pueden creer que, en esta especie de “arca abierta”, haya justos que no pequen.  Se llega así a una situación en la que “no queda santo parado”.

Para revertir el proceso no queda más que reformar las reglas constitucionales y legales que regulan las instituciones públicas, comenzando por la Justicia.  Deben reformarse a continuación y a profundidad el régimen político-electoral y el sistema del servicio civil.  Sin políticos que dediquen su vida a proponer soluciones serias, dentro del marco de su ideología, y sin servidores públicos profesionales y rectos, nunca va a reconquistarse esa credibilidad por la que el ciudadano común y corriente clama al cielo. He ahí, creo, la ruta.

Termino este artículo con una despedida de ContraPoder. Agradezco que un día me abriera sus puertas y me permitiera compartir mis pareceres en sus páginas.  Siempre he sido objeto de absoluto respeto por mis opiniones y de consideraciones que han hecho mi labor como columnista de opinión sumamente grata.  Mis mejores deseos por el futuro desarrollo de la revista.

Guatemala 10 de febrero de 2018.

Eduardo Mayora Alvarado

Doctor en Derecho y profesor universitario.

eduardomayora.com

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