Tanto la Constitución de Guatemala como muchas de sus leyes limitan o suprimen la libertad de emprender en un sinnúmero de actividades o la condicionan a algún tipo de permiso, licencia o autorización estatal o gubernamental.
Mi impresión es que eso es así por tres razones principales: la primera, consistente en que el votante medio de nuestro país ha sido educado por el Estado, o dentro del marco de programas oficiales establecidos por el Estado, con una mentalidad de dependencia (sobre todo, del propio Estado). La segunda consiste en que el votante medio en Guatemala, que ha sido formado profesionalmente por la Universidad de San Carlos u otras cuyos profesores proceden de ahí, conciben a la sociedad como un producto de la organización estatal y no al Estado como un conjunto de instituciones que los ciudadanos establecen para ciertos fines que, con base en las reglas de decisión del proceso político, deciden poner bajo la responsabilidad de los órganos del Estado. La última razón consiste en que el votante medio guatemalteco no comprende o no se cree “la gran paradoja”.
Llamo así a la idea que expuso hace más de doscientos años Adam Smith, de que la prosecución de los intereses individuales trae como resultado la realización del bien común. Adaptando a nuestra realidad sus palabras, podría decirse que no es gracias a la benevolencia de los accionistas de SAMSUNG o de APPLE que tengamos a disposición teléfonos móviles, ni se debe a la solidaridad de los accionistas de AVIANCA o de COPA que podamos transportarnos por avión. Es gracias a que todos ellos están interesados en maximizar sus ganancias que podemos contar con esos productos o servicios y, además, a la libertad que sus empresas han tenido de ofrecerlos en un mercado competitivo, el hecho de que los mismos sean asequibles a millones de personas.
“La gran paradoja” se hace realidad cuando se cumplen ambas condiciones: se deja en libertad a todos de buscar la forma de maximizar sus ganancias y, además, se les obliga a competir en mercados abiertos. Son dos caras de una misma moneda pues, si una persona es libre de entrar a cualquier mercado, los que ya estén en ese mercado no tienen más opción que competir con el nuevo que ingresa.
Los empresarios que ya se hayan establecido en un mercado prefieren tener, siempre, menos competidores. Es ahí donde las reglas jurídicas deben proteger a los ciudadanos/consumidores, impidiendo que se erijan barreras a la libre entrada a los mercados.
Pero, como en nuestro país el votante medio no se cree “la gran paradoja”, pues elige representantes que aprueban reglas constitucionales y legales que suprimen la libertad de ingresar a ciertos mercados, como el de las pensiones y la previsión social, por ejemplo, o que limitan esa libertad, como en el caso de las profesiones liberales o de los seguros, para no citar sino dos casos.
No hay un solo país en el mundo en el que se haya dejado operar siempre y en todo la virtud enriquecedora de “la gran paradoja”, pero es innegable que ahí en donde menos se limita la libertad de entrar a cualquier mercado, con el interés individual de hacer todas las ganancias posibles, el bienestar general es mayor.
Eduardo Mayora Alvarado.
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