(Publicado por Siglo 21 en agosto 2012)
Las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo (la versión que he leído, al menos) conservan a las Comisiones de Postulación (las “CdP”) para, efectivamente, la postulación de candidatos a una serie de órganos públicos y tribunales de justicia. Si bien con algunas variantes, en la propuesta siguen conformadas por delegados o representantes de estos tres sectores: la Universidad de San Carlos de Guatemala (su Rectoría o el Decanato correspondiente); las Universidades Privadas (uno de sus rectores o alguno o algunos de sus decanos, según corresponda); y alguno de los colegios profesionales o sus órganos rectores.
Ahora bien, no hace mucho tiempo las páginas de los diarios se hacían eco de las quejas y reclamos de ciertas organizaciones enfocadas en el sector justicia sobre la “politización” de las CdP y, por tanto, la injerencia que en las mismas han ido ejerciendo una serie de grupos u organizaciones más o menos vinculados con la política partidista o con intereses inconvenientes para conseguir la nominación de candidatos idóneos. Así, la representante Nineth Montenegro lideró la presentación de una iniciativa de ley que, convertida en la “Ley de Comisiones de Postulación” y aplicada al último de los procesos, demostró que la naturaleza del problema radica en otra cosa.
Por consiguiente, ¿por qué se insiste en las CdP si, realmente, no han funcionado? La respuesta es compleja pues, por supuesto, si la elección de magistrados, procuradores, fiscales generales, contralores generales de cuentas, etcétera, quedara básicamente en manos del Congreso de la República y del Presidente de la República, o de una combinación de ambos, como había sido la regla en constituciones anteriores, debe darse por descontado que la elección quedaría sujeta, principalmente, a criterios de lealtad o afinidad política y no a consideraciones de competencia y honorabilidad. Pero esto impone la pregunta de si las CdP, verdaderamente, “despolitizan” el proceso.
La experiencia ha demostrado que eso es un mito y que, más bien por el contrario, la USAC, las universidades privadas y los colegios profesionales se han ido politizando. El fenómeno ocurrió al revés: en lugar de que la academia y los gremios imprimieran su sello característico, los políticos impusieron su modus operandi.
¿Qué hacer entonces? Realmente es imposible pretender que la postulación y elección de funcionarios tan importantes para la vida política e institucional del país, así como para la resolución de disputas privadas de gran magnitud, ocurra en una especie de “vacío político”. La única solución de largo plazo, que con éxito razonable se ha descubierto en otros países, es que a los funcionarios que intervienen en la administración de justicia se les elija vitaliciamente o bien para que ingresen a una carrera judicial que abarque prácticamente la totalidad de su vida profesional. De ese modo, las vacantes se producen esporádicamente y las nominaciones y elecciones se realizan respecto de una sola persona y no de la totalidad o de la mitad de la plana mayor del Poder Judicial, con lo cual se generan verdaderos torbellinos políticos.
Lamentablemente, en lugar de proponer una reforma que reconozca la realidad como es se nos plantea que sigamos funcionando de acuerdo a un mito…
Eduardo Mayora Alvarado.
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