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¿Servicio? Público.

ENTRADILLA: ¿Puede un sistema estar basado, principalmente, en la buena voluntad de los servidores?

ROMPETEXTOS: Cuando el ciudadano cuenta con la tutela eficaz de su sistema de justicia, tiene a quien recurrir si sus derechos son violados por acción o por omisión.

El 5 de noviembre pasado Prensa Libre nos informó sobre una licitación para contratar a una empresa que se encargue de la impresión de los pasaportes. Esto ocurre cuando está a punto de caducar el contrato administrativo con la empresa que actualmente se ocupa de eso y, por tanto, con riesgo de que miles de ciudadanos puedan enfrentar inconvenientes de todo tipo. Algo parecido ocurre con las licencias de conducir, con riesgo de que sean todavía más ciudadanos que puedan salir afectados (Prensa Libre, 8 de noviembre).

El sábado pasado, a eso de las siete de la noche, se generaron colas de unos cinco kilómetros en la carretera que conduce de la Ciudad de Guatemala a Escuintla –una de las más importantes del país—porque hubo un accidente a la altura de la salida sur de Villa Nueva. El accidente ocurrió en dirección norte-sur. Yo circulaba en dirección sur-norte y, atascado en el tráfico por casi una hora para recorrer esos cinco kilómetros, finalmente llegué al punto en que estaba el automóvil. No podía creer que ningún policía de tránsito procurara mejorar la circulación sur-norte. Era como si no vieran los cientos de automóviles, autobuses, camiones, etcétera, que perdíamos el tiempo en el atasco. Simplemente, nos habían abandonado a nuestra suerte.

De la forma como se trata a los usuarios de los centros de salud y hospitales públicos, no hace falta añadir mucho porque casi no hay semana del año en que no se reporte algún incidente. “Soy 502” publicó el 30 de mayo pasado “los 10 principales problemas del Hospital General del IGGS”; van desde camas, ventiladores, quirófanos hasta infecciones nosocimiales. Sobre educación pública, el 2 de noviembre Prensa Libre nos informaba sobre 412 escuelas públicas dañadas a raíz de las lluvias (que caen todos los años).

A principio de año era el RENAP el que estaba en “el ojo del huracán”. El sistema sobre el que está montado su funcionamiento generaba fallas, que tuvieron que pagar miles de usuarios. Me pregunto si se han resuelto los problemas estructurales sobre cuidado y manejo de la data. Mejor es ni pensar en ello.

El estado de la red vial es lamentable. Encima, de lo poco que se ha hecho, el tristemente célebre “Libramiento de Chimaltenango”, ha sido un fiasco. Para llegar a lo increíble, el Congreso no ha votado favorablemente respaldando una APP para la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Tampoco generan alternativas.

Si uno se pregunta cómo es posible que en prácticamente todos los aspectos en que se presta un servicio público, el ciudadano reciba casi la peor de las atenciones, la respuesta está, me parece, en la falta de un sistema de justicia funcional y eficaz.

Así es. Si los ciudadanos y sus organizaciones pudieran acudir a jueces independientes a presentar sus reclamos por los daños y perjuicios sufridos y obtener una indemnización en un plazo razonable, los servicios públicos serían de otro nivel. Serían mucho más eficaces y transparentes. A tal propósito contribuiría el hecho de que los jefes responsables de supervisar la calidad de los servicios pudieran aplicar

las sanciones administrativas necesarias, sabidos de que, en caso de inconformidad del sancionado, sería un juez independiente el que conociera del asunto.

Dicho de otra forma, la Constitución y las leyes de Guatemala hacen responsables a los funcionarios que con su actuación negligente causan todas las circunstancias mencionadas arriba a modo de ejemplo y muchas otras. También prevén los cauces y procedimientos para hacer valer esas responsabilidades legales. Falta un sistema de justicia que funcione con independencia y eficacia para que todo esto sea de otro modo.

Eduardo Mayora Alvarado

Ciudad de Guatemala, 10 de noviembre de 2019.

Publicado elArtículos de PrensaEstadoSociedad

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