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¿Por qué gastamos mal?

Un Estado que se ha concebido, por unos, como responsable de resolver cualquier problema social y, por otros, como una gigantesca piñata a la que basta saber en dónde darle de palos.

          “Se acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos del Instituto Nacional de Bosques (Inab) …”, “Se acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos de la Agencia Nacional de Alizanzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) …”, “Se acuerda aprobar el Presupuesto del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) …”, “Se acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) …”, “Se acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos del Aporte para la Descentralización Cultural (Adesca) …”, “Presupuesto de Ingresos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) …”, “Presupuesto de Ingresos del Instituto de Previsión Militar (IPM) …”, “Se acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) …”, “Se acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos de la Contraloría General de Cuentas …”, “Se acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic) …”, “Se acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos del Comité permanente de Exposiciones (Coperex) …”, “Se acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos del Instituto Nacional de Estadística (INE) …”, “Se acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos de la Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) …”, “Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Instituto de la Defensa Pública Penal …”

            Arriba he copiado, del índice de uno de los servicios que informan de las publicaciones oficiales, las relativas a los presupuestos para el Ejercicio 2017 de las entidades e instituciones allí mencionadas.  Esto, solamente entre el 5 y el 17 de enero.  La lista completa no hubiese cabido en el espacio que tengo para este artículo, pero, más que la “sopa de letras” que graciosamente conforman tantas entidades estatales, la cuestión fundamental es: ¿qué reciben los ciudadanos a cambio de los millones de quetzales que van para el presupuesto de cada una de ellas? Y la respuesta es que muy poco.

            Además de las citadas arriba hay otras, como la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca, que reciben cantidades que se cuentan por los cientos de millones de quetzales, según lo manda la propia Constitución.  Y, sin embargo, el Ministro de Gobernación se queja de que no hay fondos para garantizar la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos; la Ministra de Salud Pública, de que no hay fondos para conseguir el pleno abastecimiento de los hospitales públicos; y el Ministro de Educación, de que no hay fondos para reparar y equipar las escuelas públicas.

            ¿No es extraño que se afirme sin cesar por funcionarios públicos de todo rango y condición que las prioridades son la seguridad, la salud y la educación y que casi no haya comentarista que no coincida en que así debe ser y, sin embargo, los fondos se gastan a millones en otras cosas?

            No intento argumentar aquí que la carga tributaria sea alta o que los impuestos deban reducirse.  No.  Intento demostrar que la mentalidad que se refleja en la financiación de la “sopa de letras” es la de un Estado que se ha concebido, por unos, como responsable de resolver todo y cualquier problema social y, por otros, como una gigantesca piñata a la que basta saber en dónde darle de palos para que los dulces caigan.  Y de esa manera nunca, nunca, alcanzará para la seguridad, la salud y la educación.

Publicado enEconomíaSociedad

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