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Al editor de Siglo Veintiuno

Señor editor, me refiero al editorial del seis de los corrientes en el que se vierten comentarios editoriales sobre la recién aprobada “Ley de Tarjetas de Crédito” (“la Ley”).  Más específicamente, se esgrimen en dicho editorial tres ideas que me parecen, con todo respeto, equivocadas y, bueno, la prensa debe estar para debatir ideas.

Parafraseo a continuación los asertos que, creo yo, son erróneos: primero, que una débil regulación estatal de la actividad ha sido perjudicial para los usuarios de las tarjetas de crédito; segundo, que los precios máximos o tope impuestos por la Ley no tendrán efectos importantes, que se trata de asustar con “el petate del muerto”; y por último, que aunque tarde, los diputados al Congreso de la República, con la aprobación de la Ley, se han reivindicado.

No espero convencer aquí al señor editor de Siglo Veintiuno ni a muchos lectores, que confían más en las regulaciones estatales que en la competencia en el mercado, de que las primeras son, por lo general, dañinas.  Sin embargo, el problema central de la Ley estriba en crear un precio tope, lo cual siempre es dañino para el proceso del mercado “formal” y conduce, de un modo u otro, al mercado “negro”.

Sobre los efectos de esta ley “urgente” y el “petate del muerto”, está claro que no todos los usuarios de tarjetas de crédito suponen el mismo riesgo.  Éste es el país del mundo que se ha declarado a sí mismo de “la impunidad” y un estudio del Banco Mundial (“Doing Business In”) de hace unos seis o siete años apuntaba a que, en Guatemala, hacer valer en los juzgados un contrato comercial sencillo tardaba en promedio como cuatro años.

Yo diría que seis años después de ese estudio las cosas están peor pero, independientemente de ello, los precios –y eso son las tasas de interés—deben reflejar todos los riesgos.  Cuando una norma jurídica, como la “urgente” Ley, le impide a una empresa de tarjetas de crédito contratar con un consumidor a precios que cubran la totalidad de los riesgos, el contrato simplemente no se celebrará y ese usuario tendrá que acudir a otras formas de crédito, algunas de ellas, en el mercado negro.  Esas opciones van a ser, téngase por seguro, más caras que las del mercado formal.

En cuanto al punto de la “reivindicación” de los diputados, por aprobar “de urgencia” la Ley, difícilmente puede sostenerse.  Una legislatura no es mejor porque promulgue muchas leyes o pocas.  Un Poder Legislativo debe promulgar leyes necesarias y debe hacerlo a conciencia, con suficiente debate público, con seriedad y en vista de problemas reales y no inventados.  Usted afirma que los usuarios de tarjetas de crédito han tenido que soportar abusos por “muchísimos años” y, efectivamente, algunos ha habido que, por cierto, no es con precios tope que se resuelven sino con órganos judiciales eficientes (para eso están, para defender de abusos a los ciudadanos).

La única forma, señor editor, de conseguir mejores condiciones de precio y calidad está en ampliar la competencia en los mercados.  Los países que han ignorado esta realidad viven la pobreza, los que la reconocen, prosperan.

Publicado elArtículos de PrensaPolíticaSociedad

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