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Reformas impostergables

Independientemente de las múltiples opiniones existentes sobre cuál ha de ser el tamaño del sector público, es indispensable que los responsables del ejercicio de las funciones públicas sean competentes.  No es posible que las funciones del Estado y los servicios que brinde a la población se traduzcan en beneficios, como no sea bajo la gestión de funcionarios y empleados públicos competentes.  Es más, dado el carácter de las funciones públicas y del tipo de servicios que suele prestarse a la ciudadanía por los órganos del Estado–como la seguridad, por ejemplo–, es todavía más importante que su gestión esté en manos de personas capaces e idóneas para prestarlos.

Tengo para mí que en Guatemala ha habido “un antes y un después” en lo que a las competencias y capacidades medias de los funcionarios y empleados públicos se refiere.  Mi propia experiencia ha sido que, después de la promulgación de la Constitución de 1985, se ha producido un marcado deterioro en este aspecto y que, más y más, ese deterioro ha llevado a un enorme desorden administrativo y a pérdidas igualmente sustantivas para el Estado.

La introducción de la negociación colectiva y del derecho a la huelga de los empleados públicos es el elemento específico más importante que ha causado esta situación. Además, pueden señalarse los fenómenos de inflación y de devaluación del gobierno de la Democracia Cristiana Guatemalteca, como factores concomitantes del “desgobierno” subsecuente.

Hoy en día se contrata a “asesores” para que ejerzan funciones administrativas jerárquicas; se contrata a empleados “fuera de planilla” para que realicen, exactamente, las mismas funciones que otros empleados que sí están en la planilla del servicio civil.  La idea de una “carrera” en el servicio civil, a la que se acceda por concurso público, carece de realismo, carece de significado.

Pero el problema principal está en la tentación en la que han caído casi todos los partidos políticos de conseguir sustento electoral presente o futuro, a cambio de “comprar” el apoyo de los poderosos sindicatos de empleados estatales.  La negociación de los pactos colectivos de condiciones de trabajo dejó de ser un proceso por el cual los empleados públicos pudieran tener poder de negociación para exigir que se les remunere a niveles justos por sus servicios, para convertirse en negociaciones políticas por cuyo medio los recursos contribuidos al Estado por sus ciudadanos/contribuyentes se han comprometido por muchos dirigentes partidarios con el objeto de conseguir el respaldo electoral y político de los sindicatos estatales.

El resultado, al cabo de treinta años de sindicalismo estatal, es una burocracia deformada, incompetente, muchas veces corrupta y totalmente incapaz de prestar a los ciudadanos los bienes y servicios en que deben materializarse las funciones públicas.  A menos que el sistema de servicio civil vuelva a ser una opción razonable para hacer carrera profesional o técnica, accediendo por concurso público y permaneciendo con base en méritos de probidad y eficiencia, las administraciones públicas guatemaltecas seguirán siendo una de las causas principales de la gigantesca economía informal y de la debilidad del Estado.

Published inArtículos de PrensaPolítica

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