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Se equivoca, señor Presidente

 

            Si uno se pregunta si las instituciones jurídicas del Estado son perfectibles la respuesta, obviamente, es afirmativa.  De hecho, lo normal es que, con el paso del tiempo se acumule experiencia y se comprenda mejor cómo las reglas y los procesos administrativos generan un conjunto de incentivos que inciden en la forma como los funcionarios toman decisiones al seno de cada institución.

            Por consiguiente, la Superintendencia de Administración Tributaria, como cualquier otra institución del Estado, es perfectible; sin embargo, en mi opinión, el Presidente de la República comete un grave error al convocar a cuatro economistas para que estudien qué hacer con la SAT, como si ahí estuviera el problema.  Dicho de otra forma, si el Presidente cree que la defraudación aduanera llevada a cabo por la banda “La Línea” se debe a que la SAT requiere de algún tipo de “reingeniería”, simple y sencillamente, está totalmente equivocado.

            Como ciudadano me indigna que, tras una posición como la asumida por el Presidente de la República, se dé a entender que lo ocurrido “es culpa de la Ley” o de la forma de organización de la SAT.  Es una actitud a la que se acude con frecuencia por diversos funcionarios y, para mi asombro, con cierto éxito.  Me refiero a que muchos medios de comunicación social se dejan llevar por esa pista y, tras la cortina de humo de la reforma legislativa, como causa del escándalo que fuere, quedan escondidas las verdaderas razones del problema.

            ¿Puede usted, estimado lector, concebir aunque fuera por un instante que la banda La Línea ha podido defraudar sistemáticamente al erario público porque la Ley Orgánica de la SAT presente algún defecto? Me parece, de verdad, casi una ofensa a la ciudadanía que, en cierto modo, las cosas se planteen así.

            Acercándome más al punto, soy del parecer que, al igual que ha ocurrido en otros casos de corrupción, en el presente asunto estamos ante las mismas causas de siempre: primero, que los involucrados en esta organización delictiva tienen una clara expectativa de impunidad, por la disfuncionalidad sistémica de nuestro aparato de justicia; y segundo, porque los funcionarios responsables (en el sentido de la responsabilidad política) tienen una expectativa igualmente cierta de que la incompetencia que han exhibido al frente de los órganos del Estado y de la SAT, no les será deducida porque los representantes de los ciudadanos en el Congreso carecen de la capacidad (o de la voluntad) para concretar los hechos en que se manifiesta esa notoria incompetencia y, a partir de los mismos, conseguir un voto de falta de confianza en el Congreso.

            En Guatemala no hace falta más leyes u otras leyes, sino un sistema de justicia que las haga valer con razonable certeza y consistencia y, para eso, la reforma que hace falta (y el Presidente no ha impulsado), es la de la Constitución Política.  El Partido Patriota presentó en su día una propuesta de reforma constitucional, pero no para legar a la nación guatemalteca un sistema de justicia verdaderamente independiente, y por consiguiente imparcial y eficaz.  Creo que eso no le interesaba lo suficiente entonces y, por lo visto, ahora tampoco.

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