Saltar al contenido

Crisis en la Justicia

           Para muchas personas, organizaciones no gubernamentales y analistas, la “crisis de la justicia” consiste en que unos determinados partidos políticos y unos determinados grupos de presión hayan tenido cierto éxito en promover la postulación y elección de magistrados que, por esa razón, carecerían de la independencia, de las competencias y de la catadura moral necesarias para el ejercicio de sus altas funciones.

            Ahora bien, si uno se pregunta cómo ha sido posible todo esto, la respuesta puede darse en, por lo menos, dos sentidos. Primero, puede decirse que el sistema político de Guatemala ha experimentado una degradación ética, pues muchos de los líderes de los diversos sectores que inciden en la vida pública de la nación anteponen sus intereses personales a los del Estado.  Dicho de otro modo, para muchos de esos líderes, la actividad o la profesión política se ha convertido en un medio, no para materializar su vocación de servicio público, sino para cambiar de suerte en la vida,  para conquistar un estatus económico o social, para conseguir poder y todas las cosas que trae el poder, pero para su beneficio personal.

            Según esta explicación, en vista de la conducta de los líderes, muchos de los funcionarios, los correligionarios, los asesores que operan a las órdenes o bajo la dirección de los líderes, han abandonado también sus escrúpulos y, por tanto, bien se aprovechan de sus posiciones para la promoción de sus intereses personales bien incurren, simplemente, en actos de corrupción.  En ese contexto a los postuladores y a los diputados al Congreso, ya no les interesan las calidades y competencias de los postulados ni de los electos, sino solamente su “fidelidad a la causa”.  Una causa espuria que no es la del bien común ni los más altos intereses de la patria.

            Pero la crisis puede explicarse en un segundo sentido, no necesariamente excluyente del anterior.  Aquí el foco está en las reglas: la Constitución prevé que, cada cinco años, como si fueran políticos sujetos a las preferencias electorales de la ciudadanía o como si fueran funcionarios designados por un gobierno de turno, toda la plana mayor del poder judicial, esto es, todos los magistrados que integran los tribunales colegiados de la república, sean postulados y electos.  Si en estos momentos el problema se hubiese suscitado respecto de tres aspirantes a igual número de vacantes, tendríamos un escándalo, pero no una crisis.

            Encima, para postular y elegir a esta multitud de funcionarios judiciales, se le ha dado el poder de nominación a la universidad del Estado y a las universidades privadas, al igual que al Colegio de Abogados y a los propios interesados (a los magistrados).  Ninguno de todos ellos responde ante la ciudadanía en términos, por ejemplo, de una elección o de una interpelación parlamentaria.  Por tanto, los “costes políticos” de armar coaliciones y redes de respaldo, comparados con los beneficios de manipular la postulación y elección de todos los tribunales colegiados del país, son muy bajos.  Y, estando la oportunidad a disposición de los estrategas políticos y sus grupos y partidos, ¿quién puede resistirse? Esta es la verdadera crisis.

Publicado enArtículos de PrensaJusticiaPolítica

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *