La seguridad social se ha entendido mal en Guatemala porque se ha explicado mal. Se la ha querido convertir en una de las mitológicas conquistas de la Revolución del ’44 cuando, realmente, no es más que un esquema de ahorro forzoso con un objetivo concreto: hacer frente a determinados riesgos que pueden presentarse en nuestras vidas (incluyendo, para ciertas personas, la muerte de otras).
Yo comprendo que para ciertos sectores de la izquierda guatemalteca la Revolución del ’44 y las instituciones que nacieron de dichos procesos tienen que tener cierto valor mitológico. No lo afirmo en tono peyorativo, sino en el sentido en el que también fue necesario crear una cierta mitología entorno a la Independencia nacional. Uno de los mitos se manifiesta en esos desfiles de tipo militar en que miles de estudiantes, organizados en bandas marciales, exhiben sus mejores galas. Y sin embargo los centroamericanos no tuvimos una “guerra de independencia” del modo como la pelearon nuestros primos sudamericanos.
Entre los mitos sobre la seguridad social que necesitamos superar está el relativo a que los patronos contribuyan una parte significativa de su coste. La verdad es que la llamada “cuota patronal” integra o forma parte del coste total del rubro de recursos humanos, por así decirlo. Cada trabajador (de la economía formal) no cuesta sus catorce salarios y punto, sino que también el conjunto de prestaciones, incluida la cuota patronal, que tengan que pagársele.
El segundo de estos mitos, que nos está dejando atrás en comparación con nuestros vecinos de toda la región, es el de que los ahorros forzosos deban gestionarse por una entidad estatal. La gestión financiera es una profesión, hoy en día, sumamente compleja de gran sofisticación técnica. Tanto así que una de las industrias o actividades de negocios de mayor crecimiento reciente es el de la asesoría o consultoría financiera para empresas, personas particulares, instituciones públicas, etcétera y, por consiguiente, es un grave error creer que haya algo de “estatal” en este aspecto del esquema.
Dicho de otro modo, la gestión financiera de los ahorros de los trabajadores, no es el aspecto “estatal” o “público” del sistema, sino la obligatoriedad de ahorrar una cierta porción de los ingresos para cubrir ciertos riesgos determinados. La gestión financiera no tiene por qué estar en manos, también, de entidades estatales.
La circunstancia de que todos estén forzados a ahorrar dentro del sistema del IGSS va en contra de la libertad humana y eso está mal, pero el punto principal que quisiera subrayar es que la comisión de ese error no debe llevarnos a cometer el otro error, de privar a los trabajadores del sector formal de la economía de una gestión verdaderamente profesional y, sobre todo, en un mercado competitivo, de sus ahorros forzados.
El hecho de que se insista en conservar un modelo que suma dos errores graves, nos está generando desventajas importantes como sociedad y como economía, además de que los supuestos beneficiarios del sistema están condenados a una gestión financiera ineficiente de sus ahorros. Esto es injusto.
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