Tal parece que vamos camino a un arbitraje bajo el sistema articulado en el CAFTA debido a que, con base en las denuncias de ciertos dirigentes sindicales guatemaltecos y estadounidenses, el Gobierno de los EEUU sostiene que el Estado de Guatemala no hace valer sus leyes laborales. También parece que el problema se solucionaría si el Congreso reformara el Código de Trabajo para restituirle a la Inspección General de Trabajo la facultad de multar a los patronos que infrinjan dichas leyes laborales. Pero los partidos que dominan la mayoría parlamentaria no han llegado, todavía, al consenso mágico. No sé si llegarán; puede que sí pues, quién lo ignora, el peso específico del Gobierno de los EEUU en la política local es notable.
Pero el problema de fondo seguirá allí. Me refiero a que la relación directamente proporcional entre la aplicación de las leyes laborales, por un lado, y la informalidad en el sector laboral, por el otro, seguirá y seguramente más pronunciada.
Así, los líderes sindicales habrían logrado otra victoria que favorece a sus intereses pero que opera en contra de la economía nacional y de los intereses de los trabajadores del sector informal de dicha economía. Puede que sea lamentable pero es lo normal: los grupos de presión, como lo es el sindicalismo, actúan para mejorar su situación específica, no la de la generalidad de la población.
El derecho laboral vigente contiene una serie de reglas y de instituciones absurdas que, además, están en la raíz de la falta de desarrollo de este país. Son reglas que privan de su libertad de decisión a los trabajadores y pretenden obligarlos a contratar del único modo como las normas del sistema mandan –sin posibilidad de salirse de la jaula que crean–. Por supuesto, esa “fatal arrogancia” ha generado un mercado laboral informal, mucho mayor que el formal, en el que los trabajadores y los patronos operan en un marco de libertad que, sin embargo, enfrenta las limitaciones de todo fenómeno económico de ese tipo.
Me parece verdaderamente una situación muy triste que no se comprenda cómo y por qué las “conquistas” heredadas de la Revolución del 44 sean, precisamente, la causa de una economía informal de magnitudes ya patológicas. El “estado providencia” que dichas “conquistas” pretendieron crear falló porque, simplemente, convirtieron en “menos costoso” vivir en la informalidad (con todas sus desventajas) que llevar a lomo unas leyes e instituciones que solamente rinden frutos para los sindicatos y para los funcionarios que controlan y gestionan, respectivamente, el sistema.
En la medida en que el Congreso apruebe las reformas exigidas por el Gobierno de los EEUU para no accionar en contra de Guatemala, el coste de cargar con esas leyes e instituciones seguramente aumentará y, de ese modo, todavía será más atractivo para aún más patronos y trabajadores pasarse a la informalidad, total o parcial.
Todos, los trabajadores incluidos, por supuesto, deben contar con la protección del Estado y sus instituciones contra el fraude, la mentira, el engaño, las estipulaciones leoninas y otros elementos que lesionan la libre contratación. Nuestro derecho laboral no solamente no consigue eso, sino que ahoga a nuestra pequeña economía.
Sé el primero en comentar