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Constitución para ángeles.

(Publicado por Siglo 21 en junio 2013)

  ¿Por qué tanta criminalidad impune? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué los resultados de las administraciones públicas son tan pobres? ¿Por qué el Congreso se manifiesta disfuncional? ¿Por qué no importa,  en términos de política financiera del Estado, qué partido llega al poder? ¿Por qué los pocos fondos que quedan disponibles para su asignación a obras o proyectos diversos se reparten al nivel de los Consejos de Desarrollo? ¿Por qué se dedica el cinco por ciento del presupuesto ordinario del Estado para educar profesionalmente a los hijos de la clase media, gratuitamente para ellos, pero no para educar a los hijos mal nutridos de los pobres que,  con suerte llegan a cuarto grado?

   En mi opinión, la causa principal de que ocurran todas esas cosas y más, está en la propia Constitución Política de la República. Se dirá que no es la Constitución la que ha fallado,  sino las mujeres y los hombres qué la deben aplicar los que han fallado.   Y, por supuesto, todo conjunto de reglas que deba aplicarse consistentemente requiere de un mínimo de buena voluntad y de acierto para que pueda operar adecuadamente. Pero ese mínimo de condiciones de  viabilidad no es suficiente para que el sistema funcione adecuadamente. Si las reglas adolecen de defectos de diseño, las cosas no van a salir bien.

   Los defectos de diseño deben entenderse,  en este contexto, como la generación de incentivos inconvenientes o incluso perversos. Los incentivos que pueden esperarse dependen de ciertas características de la acción humana, tales como el hecho de que la generalidad de las personas procuran maximizar sus beneficios en la situación en que se encuentren, cualquiera que esta sea. Más concretamente, cuando por ejemplo el artículo 119 de la Constitución prevé que los poderes públicos tienen facultades para fomentar, promover, incentivar o proteger de diversas maneras una enorme variedad de actividades productivas,  esta estructura de reglas incentiva el surgimiento y organización de grupos de interés que dedicarán esfuerzos importantes para conseguir que la bolsa pública financie sus actividades o proteja sus negocios.  Pero los agentes de decisión política también procuran maximizar sus beneficios, en términos de votos directos o indirectos (como podría ser el apoyo para una campaña política) y entonces los intercambios negociados son casi inevitables. Otro ejemplo puede ser el de los derechos y beneficios laborales y sociales.   Como este tipo de prestaciones es de carácter mínimo el irrenunciable, las personas con poder para concederlas con cargo al tesoro público, tienen un enorme poder de negociación frente, por ejemplo, a los sindicatos de trabajadores estatales.  Estos últimos tienen una membrecía extensa y bien pueden decidir una elección.   Por tanto, los incentivos para intercambiar prestaciones a cambio de apoyo político,  son enormes.

   Un problema similar ocurre con la justicia. ¿Por qué se produce un verdadero proceso político cada cinco años, cuando toca postular a los que serán los nuevos magistrados? Una vez más, los incentivos que la Constitución crea producen  resultados perversos que, como tantos lamentan,  compromete gravemente la independencia de los jueces y magistrados. Tenemos una constitución hecha para ángeles, no para humanos.

 Eduardo Mayora Alvarado

@Vientomares

 

Publicado enArtículos de PrensaJurídicosPolítica

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