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Ley versus desarrollo (IV)

(Publicado por Siglo 21 en enero 2013)

Quiero referirme aquí, por último, a otra crítica recurrente a mis artículos, a saber: que proponer un “borrón y cuenta nueva” es una injusticia que sólo puede explicarse porque me conviene o conviene a los intereses de quienes supuestamente represento.  Es una crítica que se refiere al problema de que, tras tantas injusticias como se han cometido en contra de los campesinos indígenas, plantear que de aquí en adelante sean abolidos los privilegios y ya sería algo así como perdonarle a un criminal los delitos que ha cometido y dejar a sus víctimas sin reivindicación alguna.

En opinión de quienes formulan ese tipo de crítica, la iniciativa de ley de desarrollo rural integral sería, en cierto modo, una forma de hacer justicia a favor de los campesinos históricamente explotados.

Para empezar, para mí está muy claro que, desde que el hombre es hombre, ha habido quienes se pasan de vivos para aprovechar el poder público, directa o indirectamente, a su favor. Guatemala no ha sido la excepción, por supuesto.  Tampoco las naciones precolombinas lo fueron y de hecho hay historiadores, como por ejemplo David Landes, que opinan que la conquista fue posible en buena parte debido a la disfuncionalidad de sus instituciones políticas y sociales.

Ahora bien, al lado de los expoliadores de siempre y de todas partes (“de todo hay en la viña del Señor”) también ha habido, generación tras generación, desde que, por ejemplo, se promulgaron las Nuevas Leyes de Indias, personas que han procurado que la vida en sociedad se dé sobre la base de unas instituciones legítimas, esto es, que no conduzcan a expoliar o a oprimir sistemáticamente a determinados grupos de la sociedad. Cada quien puede hacer su propio análisis en cuanto a la historia de Guatemala, sobre si han pesado más los expoliadores que los que intentaron edificar una sociedad “justa”, de acuerdo con sus propios criterios.  Mi impresión es que, por mucho y de lejos, Guatemala ha contado con más élites que, generación tras generación, trataron de forjar y heredar una sociedad mejor, basada sobre instituciones más justas.  A veces escogieron métodos eficaces pero reprochables, a veces métodos bienintencionados pero ineficaces o hasta contraproducentes.  Pero yo no soy “juez de la historia” ni me creo don Quijote de la Mancha como para salir a galope a reivindicar cada afrenta o enderezar cada entuerto.

Desde una posición que es la que es, en un mundo que es el que es, pienso que lo más juicioso es establecer instituciones y promulgar leyes que traigan más prosperidad para todos y no, como la iniciativa de ley que he comentado, una serie de medidas que quizá satisfaga el resentimiento de algunas gentes, pero que, de ser aprobada, traería todavía más pobreza.

Seguramente la “leyenda negra” de nuestra historia sea hoy el discurso “políticamente correcto” y probablemente pasarán décadas hasta que se vayan aclarando las cosas.  Mientras tanto, promulgar leyes generadoras de más pobreza para intentar dar marcha atrás las agujas del reloj de la historia, es una insensatez.

Eduardo Mayora Alvarado. 

@Vientomares

Publicado enArtículos de PrensaJurídicosPolítica

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