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Desarrollo rural: ¡abramos los ojos!

(Publicado por Siglo 21 en diciembre 2012)

La Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral se ha presentado por muchos como si en este país fuera cosa nueva.  Como si la población urbana o el gobierno de este país hubieran sido espectadores indiferentes de una Guatemala rural pre capitalista, de miles de pequeñas explotaciones agropecuarias que se disuelven en el pasado, de espaldas al mercado;   diminutas economías de subsistencia que nunca han sido una opción realista para remontar la pobreza.

Por el contrario, la promoción del desarrollo rural ha formado parte desde hace más de medio siglo de las constituciones, la legislación y la política guatemalteca.  Hemos visto desfilar una sopa de letras en pos del desarrollo rural: el INTA, BANDESA, INDECA, PRORURAL y diversos programas como el de distribución de fertilizantes, el fondo de tierras, el cooperativismo, etcétera.

No es posible que todo eso haya sido una enorme mentira, solamente fachadas detrás de las cuales se esconden la codicia, la ambición o el egoísmo.  No es posible que todos esos políticos y tecnócratas que han intervenido en la creación y administración de todas esas entidades y programas, disponiendo de miles de millones de quetzales, se hayan salido con la suya, engañando a todos para hacerle el juego a una oligarquía latifundista, como suele decirse.

Tampoco es creíble que, finalmente, las cosas vayan a cambiar si la Iniciativa fuera convertida en Ley.  ¿Puede usted creer que sea ésta, precisamente, la generación de políticos que salvará de la pobreza a la Guatemala rural?

¿Qué hacer, entonces? En lugar de generar mayores niveles de falta de certeza jurídica, que desalienta la inversión y destruye oportunidades de empleo, el Estado de Guatemala debe tomar todas las medidas posibles para garantizar la efectiva protección de los derechos, no solamente de la propiedad inmobiliaria, pero de todo tipo, de todos los habitantes del país.  No hay otra forma de empezar a atraer más inversión en general, no solamente agropecuaria.  ¿Por qué razón ha de inducir el Estado una y otra vez a agricultores pobres, poseedores de parcelas improductivas, a que arriesguen su modesto patrimonio? Más bien hay que procurar que emerjan oportunidades de empleo, en las que el riesgo empresarial lo soporten otros mucho mejor preparados para encararlo.

Abramos los ojos, la economía del pequeño campesino autárquico es un modelo inviable.  Es una enorme injusticia y una grave equivocación económica dedicarle más recursos.  Es condenar a esos millones de campesinos a la prisión de la improductividad y, por ende, de la pobreza.  Más bien debemos procurar que se prodiguen las inversiones capaces de generar oportunidades de empleo, en un marco de flexibilidad laboral.  Así acaba de hacerlo México, la tierra de donde surgió el paradigma de ese derecho del trabajo latinoamericano subdesarrollado, reconociendo que de otro modo sus pobres nunca podrán mejorar de situación.

Nunca me he opuesto a que se le tienda una mano al que no puede, por sus propias fuerzas, acceder al mercado.  Entre eso y la ley propuesta, hay un abismo insondable.

Eduardo Mayora Alvarado. 

Publicado elArtículos de PrensaJurídicosPolítica

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