(Publicado por Siglo Veintiuno; julio de 2012)
Refiriéndome ahora a la llamada “reforma para el fortalecimiento político”, es necesario dividir en dos partes mis comentarios. Una, relativa a los pueblos indígenas; otra, al sistema de representación democrática.
Ignoro si la primera parte ha sido ya descartada, pero es de todos modos un tema de enorme importancia. La propuesta intenta recoger una visión de “la nación guatemalteca” que se ha hecho propia, principalmente, por los pensadores y grupos de las izquierdas en el país y en el extranjero que, en mi opinión, realmente es una visión de “las naciones guatemaltecas”. No es la visión de un un conjunto que surge de un denominador común “nacional”, sino la de una pluralidad de pueblos diferenciables por su lengua, su raza y su cultura. La norma propuesta dice que la nación guatemalteca: “…dentro de su unidad y la integridad de su territorio es pluricultural, multiétnica y multilingüe.” Pero al leer esa norma yo me pregunto: ¿en dónde está lo que “une” a esa nación? Se afirma la unidad pero sin alusión alguna a cualquier aspecto material que pudiera ser la base de tal unidad.
A continuación se propone una disposición por la cual el Estado “reconoce , respeta y protege el derecho a la identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca” y se hace referencia a “sus formas de vida, costumbres y tradiciones” al igual que a “sus formas de espiritualidad, idiomas, dialectos y el derecho a transmitirlos a sus descendientes…”. Como remate se reconoce como oficiales a los idiomas indígenas que establezca la Ley, “siendo su ámbito de aplicación material de acuerdo a criterios técnicos, lingüísticos y territoriales.”
Creo innegable, si uno ha de ser intelectualmente honesto, que se trata de la aniquilación del “ciudadano de Guatemala” frente a la exaltación de varios colectivos: el étnico, el cultural, el lingüístico, el espiritual y el territorial. El “ciudadano de Guatemala” es –o era—el denominador común de esta república –o lo que queda de ella–. Una mujer o un hombre que, habiendo adquirido el ejercicio de sus derechos civiles y políticos está (o estaba) en pie de igualdad con los demás ciudadanos. De igualdad, sí, ante la Constitución y la Ley. Cualquiera podrá ser más rico que otro, de tal raza o cultura, vecino de una urbe o habitante de un área rural, pero ante la Constitución y la Ley, es igual. Su voto vale igual, su libre locomoción o la expresión de su pensamiento están igualmente protegidas como también el culto que quisieran profesar, si a Cristo o a la madre tierra. Por supuesto que sé que hay muchas personas que piensan que toda esa igualdad no vale ni un comino y que hay otros que entienden que sí vale pero –siempre hay un pero—acompañada de una igualdad de oportunidades que, supuestamente, aporta el llamado “estado de bienestar”. Esto sería, como es bien sabido, ciertos niveles educativos (en Guatemala hasta los universitarios), servicios de salud, la previsión social, etcétera.
Pero el punto medular es que las libertades fundamentales y los niveladores de oportunidades han sido concebidos en nuestra república para “el ciudadano”, no para las colectividades y ese ha sido nuestro común denominador a nivel jurídico-político. Lo demás (lengua, religión, cultura, etc.), ha sido cosa de cada quién. Mejor así, ¿no le parece?
Eduardo Mayora Alvarado.
Sé el primero en comentar