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La ideología y la lógica.

(Publicado por Siglo Veintiuno 16/06/11)

Quizás algunos piensen que la firma de los Acuerdos de Paz haya implicado que ciertos grupos hayan abandonado su visión del mundo y de cómo debiera organizarse la sociedad en que vivimos. Más específicamente, que hayan abandonado su ideología colectivista, sea en su versión moderada o en la más radical. Yo, ciertamente, creo que la firma de dichos acuerdos no ha cambiado en nada la forma de pensar de esos grupos ni su determinación de ver implantada su ideología en Guatemala.
De hecho, creo que una de las consecuencias de la firma de los Acuerdos de Paz ha sido que algunos de esos grupos hayan logrado que la prensa y otros actores de la vida nacional acepten discutir si ha nacido una tercera categoría de conflictos sociales. A ver si me explico.
Una primera categoría sería la de índole política. Es reconocida por todos como connatural a la condición humana en su dimensión social y, por tanto, “normal”. Esta categoría se manifiesta en que ciertos grupos propugnen porque el Estado, por ejemplo, redistribuya la riqueza por medio de la mancuerna “impuesto-gasto público” mientras que, parcial o totalmente opuestos, otros grupos propugnen –por ejemplo— por un marco jurídico-institucional de libertad bajo unas reglas claras, estables en el tiempo e iguales para todos.
Esta categoría política de los conflictos sociales se resuelve en las urnas el día de las elecciones y, día a día, según los líderes políticos del partido oficial y los de oposición llegan a negociaciones, consensos o alianzas de coyuntura. Pero todas dentro del marco constitucional básico.
La segunda categoría es la de índole jurídica. Dos o más personas o grupos de personas divergen sobre quién tiene derecho a qué y chocan y se enfrentan, pero pacíficamente. El conflicto puede serlo sobre recursos naturales o financieros, sobre los límites del ejercicio de un poder o facultad estatal (como la tributaria), o sobre el cumplimiento o no de obligaciones personales (como las laborales, por ejemplo). También se trata de una categoría entendida por todos como connatural a la vida social contemporánea y son conflictos que se resuelven en los tribunales de justicia.
La tercera categoría sería nueva y si tiene o no carta de naturaleza es la materia del debate. Se trata de los conflictos entre los bienes o derechos colectivos y los bienes o derechos individuales. En otros términos: “las comunidades” versus “el inversor”; “los colectivos” versus “el empresario”; “las etnias” versus “el ciudadano”; “las culturas” versus “la Ley”, etcétera.
Son los conflictos en boga: contra las mineras de San Marcos; contra las explotaciones agropecuarias del Polochic; contra las hidroeléctricas del Xacbal; contra las petroleras del Petén; contra la cementera de Sacatepéquez, etcétera.
Los que respaldan ideológicamente estos conflictos proponen que su solución vaya, por ejemplo, por la vía de las consultas populares: le parece o no a “la comunidad” que se instale la empresa del inversor, de lo que fuere.
La consecuencia lógica de esta tercera categoría de conflictos es obvia: que los inversores/empresarios privados empaquen y se vayan a otro sitio, porque la solución de los conflictos pasa a quedar en manos de una de las partes: la “colectiva”.
Eduardo Mayora Alvarado.

Publicado elArtículos de PrensaPolítica

2 Comentarios

  1. Carlos Díaz Carlos Díaz

    Apreciado licenciado:

    Estoy de acuerdo con usted en la mayoría de puntos tratados en su columna de opinión; publicada el 21/7/2011 en Siglo XXI.

    Desafortunadamente para la mayoría de guatemaltecos honrados y productivos el gran problema que padecemos es la falta de justicia y exceso de corrupción en el sistema judicial.

    Debido al acoso, amenazas y asesinato de algunos de nuestros trabajadores por parte de los extorsionadores, he conocido a buenos policías, muy pocos; a incapaces fiscales del MP, la mayoría; a muy buenos abogados de la defensoría publica penal, defensores de delincuentes; y a corruptos oficiales y jueces, MUCHOS.

    El abuso de autoridad y corrupción de los jueces es evidente y para muestra algunos ejemplos.

    1. En 1985 tuve un accidente de tránsito en un semáforo. Sólo hubo daños materiales. Fue consignada mi licencia de conducir y para que me devolvieran ese documento útil para mi trabajo tuve que dar en aquella época Q150.00 Para lo poco que ganaba, fue un dineral, en ese tiempo.

    2. En el 2006, debido a las extorsiones y muerte de algunos socios y trabajadores, puse una denuncia con algunos detalles, teléfonos y pruebas del problema ante el MP. Los buenos investigadores de la PNC hicieron su trabajo con la sorpresa que cuando fueron a traer la orden de Juez para el allanamiento, los presuntos delincuentes estaban hablando como grandes amigos con el Juez del caso. Se practicó el allanamiento, con temor y sin resultados positivos.

    3. El caso más reciente: 3 Magistrados de las salas de apelación de Guatemala, Zacapa y Petén, otorgaron amparos provisionales y ordenaron a la Contraloría General de Cuentas, emitir Finiquitos a más de 6 candidatos que tienen cuentas pendientes por más de Q18 millones de quetzales.

    4. Alvaro Colom y su esposa declararon públicamente que la decisión de divorciarse fue para permitir la Candidatura de Sandra Torres Casanova, para evadir la prohibición constitucional. El Fraude de Ley es evidente por lo tanto no puede ser inscrita como candidata presidencial. Derecho a ser candidato a Diputado, Alcalde, Concejal, Sindico o Presidente tenemos todos los guatemaltecos, pero, todos tenemos la obligación de cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y Ley Electoral de Guatemala. Muy pronto veremos que magistrado del OJ o CC se atreve a dictaminar una resolución arbitraria. RECORDEMOS que Cuando un juez se aparta de la aplicación del Derecho al caso concreto comete un Delito del Derecho Penal que se denomina prevaricato y creo justo que por lo menos esa persona debe ser expulsada.

    La Corrupción e impunidad en la mayoría de instituciones del Estado son evidentes. El problema no son las instituciones. El problema y sanción debe ser contra los funcionarios que dirigen esas instituciones; quienes practican la corrupción y abuso de autoridad.

    Creo que Francisco Dall `Anesse de la CICIG, sólo medio toco la punta del Iceberg. Asimismo, creo que la mayoría de guatemaltecos no necesitamos más de 3 dedos de frente para entender a que se refería.

    Exitos y bendiciones para usted y los suyos.

    Carlos Díaz.

    • mayora mayora

      Gracias, Carlos; aprecio siempre sus interesantes comentarios. Muchas de las cosas que ocurren con frecuencia dejarían de pasar así de seguido si, creo yo, la calidad de los jueces cambiara notablemente. Para lograr eso, necesitamos ofrecer a los juristas de Guatemala que pudieran estar interesados, una propuesta muy distinta de la que se presenta hoy a su consideración.
      Saludos cordiales,
      Eduardo.

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