En mi artículo de la semana pasada compartía mi opinión en cuanto a que si las élites, los dirigentes sectoriales, los líderes de los grupos de presión –como cada quien prefiera entenderlos—, con la vista puesta en mejorar la posición de todos (y no sólo la del sector, el grupo de presión o lo que fuera), procuraran proponer reformas fundamentales, creo que el pueblo los apoyaría y que los partidos políticos, ante el apoyo popular, también cooperarían.
Pero las reformas tendrían que ser, verdaderamente, fundamentales. Es decir, tendrían que enfocarse en las grandes grietas del edificio institucional de la nación y no, como a veces pasa, en reformas menores que, por lo general, traen “cambios” que dejan todo “igual”. Así, planteaba yo que los ciudadanos entienden que la corrupción estatal ha rebasado cualquier umbral de tolerancia y por tanto claman por justicia y transparencia, al igual que quisieran garantías de que el régimen electoral no traerá más de lo mismo. Quisieran que la oferta electoral les plantee programas y que los partidos definan su ideología, puesto que solamente así pueden los ciudadanos saber a qué atenerse cuando algún partido gana las elecciones.
¿En qué se traducen esas demandas ciudadanas del momento actual? Sin una reforma del sistema de justicia sería imposible, obviamente, que el cáncer de la corrupción sea enfrentado con éxito. Pero también sería imposible que lo sean la violencia imparable contra los más débiles de la sociedad y que el Estado pueda llegar a enfrentarse en contra del crimen organizado. Por consiguiente, la reforma de la justicia es insoslayable y, concebida con un poco de buena voluntad, bastaría con alargar los plazos de las funciones judiciales para que, entonces, pueda verdaderamente implementarse una carrera judicial Con las reglas constitucionales vigentes, esto es imposible, pero tampoco hace falta reescribir la Constitución, sino introducir unas tres o cuatro modificaciones a igual número de artículos.
En cuanto al sistema de justicia no hace falta, pues, “cirugía mayor”, sino solamente eliminar la absurda contradicción entre el plazo de cinco años previsto para las funciones judiciales, por un lado, y la idea de implementar una carrera judicial, por el otro. Para que pueda existir una carrera judicial los juristas con vocación y aptitudes de juez deben tener la garantía de que, mientras observen buena conducta y cumplan legalmente con sus funciones, el último día de su vida como magistrados o jueces sería el de su retiro o el de su muerte.
Por último, es importante subrayar que una reforma de este tipo no requiere de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sino que basta con que el propio Congreso y los ciudadanos, consultados para el efecto, la aprueben y ratifiquen, respectivamente.
La reforma electoral es un poco más compleja, puesto que en este tema todos están a favor de la “democratización” de los partidos, de la transparencia de las contribuciones a los partidos, de prevenir el transfuguismo y de evitar el clientelismo político, pero el significado específico de cada una de esas cosas está menos claro. La siguiente entrega se dedica a ello.
Sé el primero en comentar