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No a las privatizaciones (I)

            Algo así ponía un anuncio propagandístico del dirigente político Manuel Baldizón y el partido LÍDER.  Obviamente, los estrategas del partido LÍDER han llegado a la determinación de que, en general, ese mensaje se percibe por el votante medio favorablemente.  Creo que no se equivocan, es decir, que el votante medio efectivamente tiene una mala imagen de las privatizaciones; en otras palabras, tiene un prejuicio en contra de los procesos que tienen por objeto pasar de las manos “del Estado” a manos “del sector privado” bienes o actividades propiedad “del pueblo”.

            Este prejuicio –como casi todos—es absurdo y en éste y mi próximo artículo intentaré fundamentar lo que acabo de afirmar.

            Las razones que voy a esgrimir se relacionan, en parte, con las tres frases que he entrecomillado arriba.  Realmente, los bienes, recursos o actividades que se gestionan por funcionarios públicos no están en manos “del Estado”.  Están en manos de personas de carne y hueso, como usted y yo.  La idea de que todos esos funcionarios no piensan más que en enriquecerse mientras están en el ejercicio del poder, es otro prejuicio muy lamentable.  Algunos hay que, efectivamente, buscan una oportunidad en la actividad política o en el servicio civil para promover sus propios intereses, incluso delinquiendo si menester fuera, pero esto no es verdad de la inmensa mayoría de funcionarios públicos.

            Tampoco es verdad que los funcionarios públicos actúen por lo general en pos del bien público o del bienestar general.  En primer lugar porque es muy difícil entender, para cada uno de ellos, cuándo verdaderamente promueven estos conceptos tan vagos o no, y en segundo término porque los partidos y coaliciones que gobiernan suelen tener una determinada ideología (aunque cada vez menos) y, sobre todo, muchos compromisos con sus bases y con sus patrocinadores.  Y no estoy hablando de contribuciones ilegales, de dineros del narcotráfico o cosas parecidas.

            Así pues, esta idea de que ciertos recursos, bienes o actividades están en manos “del Estado”, no solamente es inexacta, porque son individuos determinados quienes gestionan todas esas cosas y porque sus actuaciones están fuertemente influenciadas por criterios ajenos al “bien común”, sino que además cada uno de esos funcionarios tiene unos objetivos personales, una agenda personal, unas preferencias y un proyecto de vida que le interesa realizar.  Todos y cada uno de ellos calculan –como usted y yo en nuestras propias circunstancias—si tomar tal o cual decisión va a promoverlo en su carrera política o lo va a hundir.  Todos y cada uno de ellos calculan a ver si, apoyando un proyecto u otro, la prensa o el Congreso van a condenarlo por alguna razón u otra.  Todos y cada uno de esos funcionarios que gestionan los recursos, bienes o actividades “del Estado”, en fin, como cualquier ser humano, asumen ciertos riesgos hasta cierto punto porque, además, generalmente tienen una hipoteca que pagar, un cónyuge que apoyar, unos hijos que criar y, eso, un proyecto de vida que quisieran realizar.

            Analicemos ahora qué significa, realmente, que esos recursos, bienes o actividades pasen a manos “del sector privado”. (En una semana)

Publicado enArtículos de PrensaPolítica

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