El ahora Magistrado Presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, planteó la necesidad de emprender una reforma constitucional del sistema de justicia de Guatemala. No es el primero ni es la primera vez que se plantea la cuestión. Recuerdo, por ejemplo, que el ex Comisionado Castresana también lo planteó antes de retirarse. ¿Valen sus opiniones más que las del ciudadano común? Sí, por supuesto. No en términos del voto favorable o desfavorable que el Magistrado Molina diera el día de una consulta sobre la reforma, cuando lo haría en igualdad de condiciones con todos sus conciudadanos. Pero su opinión tiene mucho peso por la experiencia de ya dos períodos en la CC y porque un funcionario de su rango y condición compromete su prestigio cuando plantea una cuestión tan seria como lo es la reforma del sistema de justicia.
Coincido con el Presidente de la CC –como puede corroborarse en mis escritos de periódico y especializados desde hace alrededor de dos décadas—totalmente. Tanto en la necesidad de la reforma como también en cuanto a que la misma debe emprenderse con carácter exclusivo. No porque la Constitución Política no requiera de reforma en otros aspectos, sino porque el de la justicia es de una importancia tan fundamental que, si se le coloca al lado de otros temas polémicos, su viabilidad se compromete.
El experimento de la CICIG –a la vez delicado y complejo— ha dejado muchas lecciones. Algunas de ellas se habían cantado desde cuando se debatía su aprobación por primera vez, pero eso ya es historia. La lección más importante, a juicio mío, es que la impunidad es un problema que no puede resolverse sin abordar la reforma del sistema de justicia en general. La impunidad en este país no es la de los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”, que han brillado por su ausencia, intentándose hacerlos análogos a las bandas delictivas que operan con la colaboración de oficiales de policía o de otros funcionarios. También a las pandillas del narcotráfico se les ha querido vestir del traje de CIACS. La impunidad en Guatemala es mucho peor. Abarca a los bancos que no consiguen cobrar con eficacia y presteza los créditos concedidos, poniéndose en peligro los ahorros de miles de personas; abarca a los pequeños comerciantes de barrios populares que se ven obligados a pagarle a las maras los dineros que les extorsionan; incluye a las madres solteras que luchan contra todo un sistema para lograr responsabilizar al padre que evade el pago de los alimentos; alcanza a la Administración Tributaria que se ve a sí misma rodeada como de mil agujeros por donde los impuestos se le escapan impunemente; y, por supuesto, la corrupción y una de las tasas de homicidios violentos más altas del mundo, etcétera.
El pasado 23 de abril se publicó la noticia de que, de acuerdo con el Banco Mundial, la pobreza en el país ha crecido un 2.7%. La causa principal hay que buscarla en el fracaso de las instituciones de justicia. Sin justicia no hay certeza jurídica; sin ésta no hay inversión y sin inversión tampoco hay nuevos empleos ni mayor producción.
Eduardo Mayora Alvarado.
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