(Publicado por Siglo 21 en diciembre 2012)
Si la iniciativa impulsada por el Gobierno llegara a convertirse en ley, sería otra de las ironías de la historia de Guatemala que fuera un general del Ejército que peleó contra la guerrilla marxista, precisamente el que promulgara la ley que materializa la implantación del régimen económico por el que los guerrilleros pelearon, atenuado con matices de democracia comunitaria y de derecho internacional humanitario.
La iniciativa se integra de dos partes: la meramente retórica, pero no por ello inocua, y la sustantiva, pintada de una ideología claramente socialista y de técnicas intervencionistas.
Lo retórico, integrado por glosarios de términos definidos con un marcado sesgo ideológico, está, principalmente, en el Título I, Capítulos I y II y en el Título II, cuando se definen algunas de las funciones y atribuciones de la nueva burocracia que esto supondría. Remito allí al lector porque no tengo aquí espacio para resumirlo.
La parte sustantiva se concentra en estos artículos: el 7, que convierte en instrumento del Estado, para la mejoría del nivel de vida rural, el “acceso equitativo” a la tierra, el agua y los bosques. El 8, que somete los intercambios de bienes y servicios tanto en el plano doméstico como internacional, a la primacía de criterios tales como alcanzar un crecimiento equitativo, equilibrar asimetrías, dar trato preferencial a sectores, regiones y “países” más empobrecidos (¿se va a dividir la República en varios países?), mitigación del cambio climático y proteccionismo para la producción nacional. El 8 c), que establece una economía basada, ya no en el mercado, sino en la “solidaridad”. El 10, que establece una política para reformar el uso, tenencia y propiedad de la tierra, desincentivando su concentración, creando la “dotación” (¿?) y otros mecanismos de acceso a la tierra. El 12, reproduce intervencionismo fracasado de más de medio siglo: financiamiento subvencionado, fomento de la producción, proteccionismo de la producción local, con la adición de que se revisen los TLC que, como todos sabemos, son, para las izquierdas, uno de los símbolos del neoliberalismo. El 15, supedita la inversión productiva a lo que se decida en las consultas comunitarias, convirtiendo a Guatemala en una economía inviable. El 19, por último, crea “derechos colectivos” de las comunidades indígenas, acercándolas así a uno de los postulados comunistas clásicos.
Es difícil anticipar qué tipo de versión negociada pudiera eventualmente aprobarse por el Congreso y “tragarse” por el sector privado. En cierto modo, es verdad que parte de la retórica del agrarismo socialista ya figura en la Constitución, al igual que parte de las técnicas intervencionistas ya se han ensayado con resultados de mayor pobreza y corrupción. Sin embargo, la parte que se añade, sintetizada arriba, bien pudiera llevarnos al primer gran conflicto del siglo veintiuno. Sería la tercera vez que unos guatemaltecos plantean la ruta del socialismo, enfrentados a otros guatemaltecos que plantean la ruta de la libertad.
Eduardo Mayora Alvarado.
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