(Publicado por Siglo Veintiuno el 8 XII 2010)
Se dice que Bismarck acuñó el dicho aquel de que: “de las leyes y las salchichas es mejor no saber cómo se hacen”. Algunos lo expresan diciendo que: “las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que te enteras cómo se han hecho”. ¿Quién en Guatemala, a estas alturas, se va a escandalizar al leer esto? Y, ¿no es una pena que así sea, que ya nadie se escandalice por esto?
Pero las cosas deben tener un límite. Está bien que los políticos negocien, dentro del marco de la Constitución y la decencia, cierto apoyo por aquí a cambio de la aprobación de cierta ley por allá. Mientras ese apoyo no suponga ir en contra de los principios e ideología básicos del partido, pues no hay para qué rasgarse las vestiduras. Y si la ley que se negocia a cambio de ese apoyo puede justificarse para el bien de la generalidad de las personas y no para conceder algún privilegio a los simpatizantes, los correligionarios o a tres o cuatro contribuyentes a la campaña electoral, pues sí se vale el intercambio.
Dicho de otra forma, los políticos y sus partidos deben representar una ideología y propugnar por la implementación de un programa para que cada ciudadano pueda decidir por quién votar. Esa absurda y tremendamente adulterada idea de democracia representativa de por estos trópicos, en la que se ofrecen transferencias de rentas, de dinero o de otros privilegios a ciertos grupos de ciudadanos a cambio de sus votos, es una aberración. Una aberración que le resta legitimidad al sistema y convierte a la democracia en un mecanismo por el cual la mitad más uno consigue expoliar a las minorías (mientras éstas no migran hacia la informalidad económica).
La idea del constitucionalismo nace, precisamente, para fijar límites a la mayoría, de modo que no pueda convertir a la mitad menos uno, o a los diversos grupos minoritarios que la integran, en sus siervos y financiadores.
Ahora asistimos en Guatemala al extremo cínico de la aberración que señalo arriba. El partido LIDER, abusando del derecho a interpelar a un ministro plantea, con toda desfachatez, que si los otros le aprueban la Ley de Vivienda, pues retira la interpelación…
Por tanto, se nos dice a los ciudadanos con lujo de desvergüenza que la interpelación programada no tiene más propósito que servir de instrumento de chantaje. Sí, esa es la palabra. Desgraciadamente no es la primera vez que se prepara una “salchicha”, pero yo no recuerdo que se haya llegado antes al cinismo de espetárnoslo a todos en la cara.
Cuando hace unos meses, al conducir por la Carretera al Atlántico, leía unos carteles que ponían algo así como: “Los políticos son una M…”, pensé que los responsables de su colocación se habían pasado de rosca. Sigo pensando lo mismo, pero desgraciadamente el tipo de actitudes que explican una propaganda tan extrema se nos pinta de cuerpo entero y con toda su fealdad y repugnancia.
Los fines no justifican los medios y, creo yo, hasta los posibles beneficiarios de esa iniciativa de Ley de Vivienda –o por lo menos algunos de ellos—han de comprender que los medios que ahora emplea LIDER conllevan la quiebra de la democracia.
Eduardo Mayora Alvarado.
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